Bicentenario de “La Pepa”

Entramos en 2012, un año importante para la Historia de la Soberanía Popular en España, pues se cumple el bicentenario de aquella constitución gaditana de corte liberal, promulgada en 1812 y a la que popularmente se la denominó “La Pepa”.

Juramento de las Cortes de Cádiz

La constitución de Cádiz, pese a su efímera vigencia pues apenas se sostuvo dos años, hasta que Fernando VII regresó al trono y borró de un plumazo todo vestigio reformista, impactó el marco constitucional europeo por lo novedoso de sus postulados. No en vano suponía el fin de una era de absolutismo.

La “Pepa” fue la primera Constitución otorgada en España que estableció por primera vez la soberanía popular con la máxima de que “El Poder” reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. Base ésta, que cimenta el postulado de la división y descentralización de poderes, surgiendo así la independencia entre el ejecutivo (consistente en hacer cumplir las leyes), el legislativo (que promulga o revoca leyes) y el poder judicial (encargado de interpretar, hacer respetar o invalidar las leyes).

Éstas directrices definen el principio fundamental de lo que hoy conocemos como Estado Moderno.

A lo anterior hubo que sumar otros derechos civiles como la libertad de expresión y, por supuesto, la libertad de imprenta. Es decir, no sólo la facultad de expresarse libremente de los ciudadanos sino la de difundir sus ideas y con tales facultades la capacidad de crítica a las instituciones.

Otros derechos de corte civil, quizás menos conocidos que los anteriores, pero que también fueron objeto de tratamiento y debate en la redacción de “La Gaditana” fueron la demarcación provincial del nuevo Estado, incluyendo en el los territorios americanos vinculados a la metrópoli.

Cierto es, sin embargo, que no hubo un acuerdo que llevase a buen puerto la idea, pues ésta reforma se encontró con la oposición americana que no veía con buenos ojos una división que les dejaba en inferioridad geográfica y política frente a las provincias españolas de mayor extensión y vinculadas con los antiguos reinos españoles. La decisión, por tanto, tuvo que aplazarse pero el hecho de que se intentase ya denota el carácter abierto y liberal de sus fundadores.

Otras reformas fueron sin embargo más restrictivas y enrocadas, como la que concedía aquellos derechos civiles a los “mulatos”, al mismo tiempo que les negaba los derechos de corte político. Un estrategia para drenar el poder político americano en el Estado Español, quedando éste reducido a la metrópoli peninsular, al limitar drásticamente el número de diputados americanos.

Pese a todo, la joven Constitución de 1812 no llegó a madurar, pues dos años después de su aprobación, un Fernando VII de gesto airado, retomó el trono poco consciente de los sacrificios de su pueblo para guardar su asiento y más interesado en acaparar y martillar el Poder, para que no volviese a escapársele entre los dedos.

La contrarrevolución fernandina, lejos de reconocer ciertas libertades a su pueblo, prefirió asentarse en la férrea tradición y reprimir con la máxima dureza todo intento de cambio.

Muchos bandazos daría España desde aquel día entre el liberalismo (en que la “Pepa “regresó durante el trienio liberal del 1820-1823) y la cerrazón, hasta llegar a la Constitución democrática de 1978 que cristalizó los furtivos avances liberales.

Imagen: Dominio Público